Las auditorías e indagatorias financieras federales causaron una sacudida política. Esto ocurrió porque el “Huachigobernador” Samuel García y su familia tuvieron una revisión contable. La revisión se realizó en despachos jurídicos de sus parientes directos. Según los expedientes de inteligencia hacendaria, se sospecha que el mandatario recibió flujos millonarios de manera indirecta por medio del entramado legal operado por sus familiares. Este flujo reportó una aceleración inédita exactamente treinta días después de que el jefe del Ejecutivo local asumiera el control de la entidad, vinculando las ganancias familiares con corporaciones privadas bajo procesos penales federales.
Las investigaciones de la FGR en Nuevo León y los 1,781 Millones de pesos bajo escrutinio
Actualmente, las investigaciones de la FGR en Nuevo León abarcan el rastreo de depósitos dirigidos a más de 555 razones sociales por delincuencia organizada y evasión impositiva, bajo la directriz de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Durante los últimos cinco años, el estado se ha posicionado como la capital nacional para el blanqueo de capitales provenientes del mercado negro de combustibles. A raíz de este auge ilícito, las compañías del ramo se multiplicaron, motivando a la bancada de Morena en el Congreso local a presentar una denuncia federal por presunto enriquecimiento ilícito para remover al mandatario de su cargo, mientras las sospechas indican que el Huachigobernador Samuel García y su familia se habrían beneficiado de una bolsa acumulada de 1,781 millones de pesos a lo largo de la actual administración estatal.
Esta crisis cobró dimensión internacional tras el informe de la oficina FinCEN del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el cual vincula el huachicol fiscal en México con los cárteles de la droga, identificando a Monterrey como una zona con fuerte injerencia del crimen organizado para controlar este negocio ilegal y coordinar el contrabando de combustible en Nuevo León.
El esquema energético donde el padre de Samuel García operaba las asesorías fiscales
El auge financiero de esta red ocurrió mediante la explotación de lagunas jurídicas en el esquema de hidrocarburos. Durante un largo periodo, el padre de Samuel García, el abogado Samuel García Mascorro, junto a su hijo Samuel Orlando, operaba un modelo de consultoría enfocado en el rescate del IVA para diversas estaciones de servicio de gasolina. Este negocio impulsó a los fundadores a crear en noviembre de 2021 la firma García Mascorro y Asociados (GMA) en el piso 33 de la Torre Helicon, destinada únicamente a atender a clientes del ramo energético. GMA declaró ingresos por 144 millones de pesos en 2024 y 161 millones en 2025. Al auditar la estructura completa de los bufetes —que incluye a Firma Jurídica y Fiscal Abogados, donde el gobernador es socio—, la bolsa acumulada alcanza montos históricos, donde los negocios de GMA representan el 26 por ciento de las ganancias de la red familiar.
El rastro de operaciones vinculadas a las empresas fantasma del despacho de Samuel
Las alertas se intensificaron debido a que la consultoría continuó emitiendo comprobantes fiscales a contribuyentes perseguidos por la ley, levantando sospechas sobre si se utilizaron empresas fantasma del despacho de Samuel para ocultar transacciones ilícitas. Las autoridades presumen que la continuidad en estos servicios mercantiles sugiere desde una profunda ignorancia corporativa hasta una llana complicidad en el blanqueo de activos, cobrando dudosas asesorías a firmas energéticas investigadas, lo que ayudó a consolidar el lavado de dinero en San Pedro Garza García.
Detalle de las cinco corporaciones involucradas en la Investigación Judicial
Petrolíferos Lobo
Efectuó 76 transacciones que sumaron más de 258 millones de pesos tras instalarse la actual administración. Aunque se presentaba como comercializadora de Valero vinculada al Grupo Burgos de Reynosa, la fiscalía investiga el uso fraudulento de pedimentos aduanales por parte de sus operadores, vinculados a exdirectivos de Pemex.
BSQ Global Corporation
Aportó 6.8 millones de pesos al despacho entre 2022 y 2024. Enfrenta el folio 13173 por delincuencia organizada y evasión fiscal, señalada por inteligencia como un actor del mercado negro de combustibles que gozaba de presunta protección de exfuncionarios federales de gobernación.
Autotransporte De Cargas Especializados MARVIC
Registra operaciones desde febrero de 2022. Su propietario, José Víctor Pablos Vélez, alias “El Güero MARVIC”, es investigado desde 2021 por encabezar redes de tráfico de refinados. Quedó expuesta tras la explosión de una planta en Cadereyta y el decomiso de 550 vagones tanque cargados con hidrocarburo ilegal introducido por Tampico.
Maquiladora De Lubricantes
Esta corporación vinculada con la red de “Los Petrofactureros” pagó más de 15 millones de pesos por supuestos servicios fiscales al bufete. Emitió su primera factura el 24 de noviembre de 2021, un mes después del cambio de gobierno y cuando la FGR ya sumaba cuatro meses investigando a la firma por transacciones irregulares. Fue objeto de cuatro cateos que derivaron en la captura de su propietario, Jesús Ricardo Puente, acusado de liderar una red que utilizaba 40 empresas fachada para simular actividades comerciales, en un golpe calificado como calibrado políticamente.
NRA Latinoamérica
Esta firma energética es la quinta corporación identificada en los reportes del bufete, habiendo facturado 78.4 millones de pesos, explotando beneficios y lagunas fiscales vinculadas al manejo de hidrocarburos.
Postura Oficial Del Gobierno Del Estado
Ante el impacto mediático del caso, la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado emitió un comunicado afirmando que el mandatario no posee participación accionaria en GMA. El argumento estatal es que un bufete externo brinda servicios legítimos de buena fe y no tiene responsabilidad sobre la conducta legal de las empresas que los contratan. Los cateos federales ejecutados recientemente pretendían ligar directamente al Huachigobernador Samuel García y su familia con actividades de huachicol fiscal, en un juicio histórico donde los tribunales resolverán el nivel de implicación del entorno gubernamental.
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