Un sismo político y judicial de grandes proporciones se ha desatado en el norte del territorio nacional tras confirmarse de forma oficial que la FGR investiga a la familia de Samuel García debido a supuestos nexos financieros con agrupaciones delictivas dedicadas al comercio ilícito de hidrocarburos. Las de por sí complejas de la federación cobraron una fuerza contundente a raíz de un masivo operativo que culminó con la aprehensión de un conocido operador corporativo en Nuevo León, cuyas empresas privadas inyectaron flujos millonarios de dinero hacia los despachos legales de los parientes directos del mandatario estatal de Movimiento Ciudadano. Este panorama ha provocado una oleada de reclamos y cuestionamientos en la opinión pública regional, donde diversos sectores civiles exigen total claridad sobre la procedencia de los fondos captados. Las pesquisas ministeriales buscan determinar si el entorno íntimo de la máxima autoridad del estado obtuvo ganancias indirectas derivadas de actividades ilícitas de alto impacto que operaban de forma encubierta bajo el rubro de supuestas asesorías y servicios profesionales.
El impacto de estas revelaciones ha cimbrado los círculos empresariales y gubernamentales de la zona metropolitana de Monterrey, abriendo un debate urgente sobre la necesidad de fiscalizar los negocios privados de los allegados a los servidores públicos. A medida que avanzan las de la Fiscalía, los peritos financieros concentran sus esfuerzos en documentar minuciosamente la validez de los contratos comerciales firmados por los familiares del gobernador. La ciudadanía regiomontana observa con preocupación cómo la narrativa oficial de transparencia se ve ensombrecida por expedientes judiciales federales que apuntan a transferencias financieras realizadas de manera cruzada. Ante la gravedad de los hallazgos, las demandas de una auditoría profunda e independiente se han multiplicado, con el fin de garantizar que ninguna estructura de poder local sea utilizada para brindar protección o legitimación a capitales de procedencia dudosa.
Las operaciones financieras bajo revisión en el despacho familiar de Samuel García
Las inspecciones contables coordinadas por las agencias del Ministerio Público de la Federación se enfocan principalmente en revisar minuciosamente los estados de cuenta y la facturación de GMA Firma Jurídica Fiscal. Este despacho familiar de Samuel García es una sociedad civil de la cual son dueños legítimos Samuel Orlando García Mascorro y Samuel Orlando García Villarreal, padre y medio hermano, respectivamente, del titular del Ejecutivo de Nuevo León. De acuerdo con las actas mercantiles y los registros de operaciones, este bufete privado concentra la gran mayoría de sus ingresos comerciales dentro del sector energético y de combustibles en la región norteña. Conviene precisar que esta empresa legal opera de forma complementaria pero totalmente independiente a Firma Jurídica y Fiscal Abogados, otra marca corporativa en la cual el gobernador del estado sí mantiene una copropiedad declarada formalmente en conjunto con su progenitor.
Las alarmas institucionales se encendieron al descubrirse que los vínculos de negocios de esta firma con personas investigadas por la federación iniciaron formalmente desde el mes de noviembre de 2021, coincidiendo prácticamente con las primeras semanas de la actual gestión gubernamental. Las implicaciones jurídicas para este bufete de abogados por prestar servicios profesionales a un personaje bajo investigación federal son complejas, ya que la legislación sanciona penalmente la recepción de recursos de origen ilícito si no se justifica plenamente una contraprestación real y legítima. Por tal motivo, se ratificó que la FGR investiga a la familia de Samuel García para comprobar si las asesorías legales declaradas existieron físicamente o si formaron parte de una estrategia de simulación contable corporativa en la entidad. El desglose de la facturación comercial de GMA Firma Jurídica Fiscal muestra que el negocio de los familiares del gobernador tenía una cartera de clientes altamente lucrativa en el ramo energético. Entre sus cuentas más grandes sobresalen empresas de gran envergadura como Enerey Latinoamérica, corporativo al que le han facturado un total acumulado de 353.3 millones de pesos; Petrolíferos Lobo, que aparece en las bases de datos con transacciones por 279.9 millones; y la empresa Energéticos Dos Águilas, con depósitos registrados por 42.3 millones de pesos. Estas elevadas sumas comprueban el constante flujo de capital energético que nutre las finanzas de los García, situando bajo sospecha prioritaria los contratos celebrados con las redes de comercio informal de hidrocarburos.
Los millonarios depósitos que recibió la empresa Maquiladora de Lubricantes
El núcleo financiero de este entramado descansa sobre las transacciones comerciales ejecutadas por la empresa Maquiladora de Lubricantes, una sociedad mercantil cuyo accionista mayoritario y administrador único es el ciudadano Jesús Ricardo Puente, detenido recientemente por fuerzas federales. De acuerdo con las carpetas de investigación de la Fiscalía, esta persona moral movilizó miles de millones de pesos mediante operaciones sospechosas, registrando su mayor volumen operativo entre las anualidades de 2021 y 2025. Al revisar el cruce de sus estados de cuenta, los auditores detectaron discrepancias monumentales: la firma facturó ingresos por 7 mil 95 millones de pesos, pero en contraparte declaró gastos y deducciones equivalentes a 9 mil 164 millones de pesos, evidenciando un esquema irregular de pérdidas fiscales simuladas para evadir las de la federación.
Los periodos de mayor opulencia económica para el negocio de Puente coincidieron de forma directa con las fechas en las que se realizaron los pagos al bufete de los familiares del gobernador, liquidando la suma exacta de 15 millones 59 mil 957 pesos en un intervalo de apenas cuatro meses. El despacho de los García expidió un paquete compuesto por ocho facturas consecutivas dirigidas a dicha compañía entre el 24 de noviembre de 2021 y el 24 de marzo de 2022, bajo el concepto de honorarios por servicios profesionales. Al ser consultados directamente en el portal oficial del Servicio de Administración Tributaria (SAT), se constató que todos estos se mantienen completamente vigentes y sin reportes de cancelación. En el histórico contable de la firma de los García, las aportaciones de esta compañía se consolidaron como su sexto mejor ingreso en el periodo de 2021 a 2026. Los antecedentes registrales de la compañía detallan que fue constituida originalmente en el año 1993 por dos socios fundadores particulares, quienes posteriormente vendieron la totalidad de sus acciones a Jesús Ricardo Puente, personaje que comenzó a figurar formalmente en las actas de las asambleas comerciales desde el año 2008. Los datos mercantiles confirman que hasta el mes de agosto de 2025, fecha del último movimiento inscrito ante el Registro Público de Comercio, Puente continuaba ejerciendo las funciones de socio único y administrador principal del negocio, confirmando su control absoluto durante la época en que se emitieron los millonarios pagos a la firma legal familiar.
El rastreo de los fondos para ubicar el dinero de los Petrofactureros
La captura del empresario administrador ocurrió el pasado jueves 28 de mayo, en el transcurso de un operativo masivo encabezado por efectivos federales de la Fiscalía General de la República. La movilización de seguridad abarcó la ejecución de órdenes de cateo de forma simultánea en exclusivas propiedades residenciales y comerciales localizadas en los municipios metropolitanos de San Pedro Garza García, Monterrey, García y Salinas Victoria. De acuerdo con las tesis ministeriales de las autoridades federales, el detenido formaba parte medular de una compleja organización delictiva denominada “Los Petrofactureros”, una red que operaba desde abril mediante la coordinación de personas físicas encargadas de dar de alta y controlar más de 40 empresas fantasmas y razones sociales ficticias.
El mecanismo de fraude consistía en utilizar el dinero de “los Petrofactureros” para simular una intensa actividad comercial y de transporte de carga pesada en los ramos logístico y energético; sin embargo, las inspecciones físicas demostraron que ninguna de las 40 marcas corporativas poseía bodegas, tanques de almacenamiento, camiones cisterna ni el personal operativo real para sostener los movimientos de dinero que declaraban en el papel. A través de esta simulación fiscal masiva, el grupo lograba introducir al flujo bancario regular las ganancias millonarias obtenidas de forma ilícita. Por tal motivo, hoy la FGR investiga a la familia de Samuel García con el fin de descartar que el cobro de honorarios legales haya servido como un mecanismo indirecto de blanqueo de capitales dentro de la entidad norteña.
La desactivación de esta célula criminal representa uno de los golpes más significativos asestados por la federación en contra del comercio informal en la región. Durante las movilizaciones ministeriales concurrentes, y de forma paralela en un inmueble localizado en el municipio de Cadereyta, los efectivos federales lograron el decomiso histórico de más de un millón de litros de hidrocarburo de procedencia ilegal que se encontraba almacenado de manera clandestina en contenedores industriales, desmantelando por completo la infraestructura de distribución de esta sofisticada red de gasolina robada que operaba con total impunidad en las inmediaciones de los centros de refinación locales. Las de demuestran que el flujo monetario de Maquiladora de Lubricantes experimentó un colapso drástico a medida que la federación arreció sus inspecciones y bloqueos de cuentas en la región norteña. La empresa vio caer sus entradas de dinero de más de 500 millones de pesos anuales en 2024 a escasos 67 millones durante el transcurso del año 2025, llegando a registrar una captación absoluta de cero pesos en lo que va de los meses transcurridos del año 2026, lo que evidencia el impacto fulminante de las de Hacienda sobre las empresas fachada.
El descubrimiento de que los fondos económicos generados por este esquema clandestino terminaron en las cuentas privadas de los parientes del mandatario estatal ha desatado una ola de profunda indignación social en Nuevo León. Diversos colectivos ciudadanos apuntan que la situación vulnera por completo la confianza pública, ya que este lucrativo e ilegal negocio huachicolero en Monterrey se consolidó de forma abierta como un cliente preferencial del bufete familiar. Mientras los procesos penales siguen su curso en los tribunales federales correspondientes, la presión de la comunidad se mantiene firme exigiendo que las indagatorias lleguen hasta las últimas consecuencias legales sin importar los cargos o apellidos políticos involucrados, garantizando que el patrimonio del país sea protegido frente a redes de complicidad financiera.
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