El gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró el pasado 1 de junio que mayo de 2025 fue “el mejor mes en seguridad en los últimos ocho años”. Afirmación que hizo desde su cuenta de Instagram, destacando que, según él, ningún medio de comunicación lo reportaría. Pero hay un detalle clave: los datos oficiales aún no han sido publicados. Ni la Fiscalía estatal ni el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) han dado a conocer los datos del mes de mayo, por lo que no hay forma de confirmar lo dicho por el mandatario.
La declaración se realizó sin evidencias ni cifras que pudieran ser contrastadas por la ciudadanía o los medios de comunicación. De hecho, los portales oficiales que monitorean la incidencia delictiva —como el del SESNSP— solo muestran datos hasta abril de 2025. El calendario oficial establece que será hasta el 20 de junio cuando se actualicen las cifras correspondientes a mayo. Por tanto, cualquier afirmación en este momento no solo es prematura, sino que carece de sustento técnico y estadístico.
Cifras de Samuel no cuadran con la realidad
Las declaraciones optimistas del gobernador Samuel García sobre una supuesta mejora histórica en seguridad contrastan con la evidencia numérica y la percepción ciudadana. A pesar de afirmar que mayo de 2025 fue “el mejor mes en seguridad en los últimos ocho años”, las cifras oficiales que podrían corroborar esa afirmación aún no están disponibles. El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Fiscalía Estatal solo han publicado información hasta abril.
La única cifra adelantada corresponde a homicidios dolosos: 56 casos en mayo. Si bien ese dato representaría una baja puntual, no refleja la tendencia general, ya que los homicidios han ido en aumento a lo largo de los años. En 2015 se reportaron 450 casos, mientras que en 2024 la cifra alcanzó los 1,539 homicidios dolosos, lo que marca un incremento del 242% en la última década.
Además, entre 2022 y 2024 —los primeros tres años del actual sexenio—, el número de homicidios subió un 16%, lo que contradice el discurso oficial sobre avances en la materia.
Los datos más alarmantes se encuentran en otros delitos de alto impacto. Entre 2020 y 2024, la extorsión creció de 389 a 921 casos, el narcomenudeo se duplicó al pasar de 3,869 a 8,158, y la violencia familiar explotó, con un salto de 1,719 a 19,184 casos en solo cuatro años.
Pese a estos indicadores, el gobierno estatal ha insistido en una narrativa de mejora sin sustento verificable. Esa desconexión entre las cifras oficiales y las declaraciones públicas ha generado malestar entre la población.
La más reciente Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI refleja esa desconfianza: el 70.3% de los ciudadanos en Nuevo León considera que la inseguridad es el principal problema del estado, muy por encima de preocupaciones como el desabasto de agua o la inflación.
A falta de datos completos y con una tendencia clara al alza en delitos graves, la insistencia en una supuesta mejora en seguridad parece más una estrategia de comunicación que un reflejo de la realidad que viven miles de familias en el estado.
Declaración de Samuel sin respaldo oficial
El gobernador intentó sustentar su mensaje en una cifra preliminar de 56 homicidios dolosos registrados en mayo. Si bien ese número, difundido de manera interna por el gobierno federal, sugiere una baja respecto a meses anteriores, no puede tomarse como definitiva. El propio SESNSP reconoce que estos reportes preliminares suelen quedar por debajo del conteo real. Aun si se confirmara como la cifra más baja desde 2016, se trataría de un solo mes, insuficiente para hablar de una tendencia.
Especialistas en seguridad pública han reiterado que las mediciones deben hacerse con base en periodos amplios, como años completos o tramos de cinco años, para reflejar verdaderamente una mejora o deterioro. Tomar un solo mes como indicador general de éxito en materia de seguridad puede distorsionar la percepción pública, especialmente cuando se trata de una administración que ha enfrentado altos niveles de violencia.
Sin cifras, sin resultados reales
Los datos más recientes disponibles muestran un escenario muy diferente al que plantea el gobernador. En 2024, se registraron 1,539 víctimas de homicidio doloso en Nuevo León, mientras que en 2022 la cifra fue de 1,328. Es decir, hubo un aumento del 16% en tan solo dos años. Y si se analiza el periodo de los últimos cinco años, los homicidios dolosos han incrementado en un 82%, según cifras oficiales.
Además, el acumulado de delitos de alto impacto —que incluye feminicidio, secuestro, extorsión, narcomenudeo, robos, violencia familiar y delitos sexuales— ha crecido un 33% en ese mismo periodo. A pesar de estos datos, el discurso del gobernador intenta proyectar una imagen de éxito que no está respaldada por los hechos. Hablar de resultados antes de que existan cifras oficiales refleja una estrategia de comunicación más orientada a controlar la narrativa pública que a informar con responsabilidad.
Inseguridad en Nuevo León
Más allá de las cifras oficiales, la percepción social sobre la inseguridad en Nuevo León contradice el mensaje del gobernador. En la publicación donde celebró la supuesta mejora en seguridad, decenas de ciudadanos respondieron señalando que “todos los días hay ejecutados”, “las balaceras siguen” y que “la paz solo existe en sus estadísticas”. Esta desconfianza se refleja también en datos recopilados por el INEGI.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024 reveló que el 70.3% de la población en Nuevo León considera que la inseguridad es el principal problema del estado. Le siguen la escasez de agua (51.1%) y el aumento de precios (29.7%). Estos resultados demuestran que la gente no está convencida de que la estrategia de seguridad funcione. Mucho menos cuando se hacen declaraciones sin sustento.
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