El Gobierno de Nuevo León ha comenzado maniobras para construir el proyecto conocido como Rompepicos 2, pese a no contar con la autorización oficial de la Semarnat ni haber sometido la obra a consulta ciudadana. La acción ha sido denunciada como ilegal por activistas y colectivos ambientales, quienes acusan que se está violando el derecho de la población a participar en el proceso de decisión sobre proyectos de alto impacto ecológico.
El nuevo proyecto de cortina, ahora propuesto para construirse en El Picacho de la Botella, se perfila como la segunda infraestructura de este tipo en La Huasteca, conocida por su valor ambiental y paisajístico. Sin embargo, desde mayo, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) había rechazado una propuesta previa del mismo gobierno para colocar hasta dos rompepicos en otras zonas altas de La Huasteca.
Rompepicos 2 carece de consulta
La asociación Agua Regia advirtió que los trabajos iniciados por el gobierno estatal no solo carecen de aprobación ambiental, sino también de consulta pública, como exige la ley. Juan Pablo Chávez, director de la organización, informó que durante una visita a la zona identificó maniobras técnicas en el sitio propuesto para el nuevo Rompepicos 2, a pesar de que no existe ningún permiso en firme.
Según Chávez, trabajadores de la empresa Technoproject fueron vistos operando maquinaria especializada que sirve para obtener datos geológicos del terreno. Esta empresa aparece en los documentos del proyecto que el gobierno entregó a la Semarnat como responsable de los estudios iniciales para justificar la obra.
El activista consideró especialmente grave que los trabajos arranquen sin que se haya aprobado la consulta pública, lo que representa una omisión al derecho que tiene la ciudadanía a ser informada y participar.
Presión política acelera obra
El gobernador Samuel García ordenó de forma directa al nuevo secretario general de Gobierno, Miguel Flores, que acelere la construcción del rompepicos 2, sin esperar a que se cumplan todos los requisitos legales. La instrucción fue emitida apenas unos días antes de que comenzaran las actividades en el lugar.
La decisión ha generado malestar entre grupos ciudadanos, quienes acusan al gobierno estatal de actuar de manera unilateral, sin respeto por los procedimientos ambientales. El anuncio también fue visto como un intento por mostrar avances en infraestructura justo en un contexto político tenso y de baja popularidad para la administración actual.
Según los denunciantes, no es la primera vez que la administración de Samuel García intenta imponer un proyecto de alto impacto sin tener la totalidad de los permisos necesarios. Ya en el pasado, la propuesta original para colocar rompepicos en El Divisadero y El Pico del Águila fue rechazada por Semarnat por no cumplir con las condiciones ambientales.
Semarnat revisará petición ciudadana
Mientras continúa la movilización social, colectivos como Un Río en el Río han solicitado formalmente a la Semarnat que el nuevo proyecto Rompepicos 2 se someta a consulta pública. Se espera que la dependencia federal emita una respuesta oficial a más tardar el miércoles, según informaron las agrupaciones.
Para los activistas, el hecho de que ya se hayan iniciado trabajos sin consulta valida sus preocupaciones sobre la falta de transparencia y la prisa con la que el gobierno pretende imponer esta obra. Además, advierten que si se permite la continuidad de estas acciones, podría sentarse un precedente peligroso para futuros proyectos que afecten al medio ambiente sin el debido proceso.
La zona de La Huasteca es reconocida como un área de gran valor ecológico. Cualquier intervención en su territorio debe ser cuidadosamente evaluada. Por eso, los colectivos piden frenar de inmediato las maniobras hasta que la Semarnat se pronuncie.
El caso delRrompepicos 2 en La Huasteca ha vuelto a poner en evidencia los problemas estructurales en la planeación ambiental del Gobierno de Nuevo León. Iniciar obras sin autorización ni consulta, ignorar recomendaciones de expertos y acelerar proyectos por presión política son errores que ponen en riesgo no solo el entorno natural, sino la confianza ciudadana en las instituciones.
Activistas y organizaciones esperan que la Semarnat intervenga de manera firme y que el gobierno estatal rectifique el rumbo. La exigencia es clara: ningún proyecto debe avanzar por encima de la ley y sin considerar a la ciudadanía.
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