Una investigación reveló el engranaje detrás del operativo con el que el gobierno de Samuel García y su partido, Movimiento Ciudadano, buscan influir directamente en la elección judicial del próximo 1 de junio. La denuncia no vino de opositores políticos, sino de una periodista que, con un dispositivo oculto, logró infiltrarse en una sesión de “capacitación” organizada en la sede del partido, ubicada en la calle Padre Mier del centro de Monterrey. Fiscalía Electoral ya está investigando. En dicha reunión para trabajadores del estado, presidida por Mayela Chapa, secretaria particular del coordinador de la bancada de MC en el Congreso local, Miguel Flores, la periodista recibió junto con los demás asistentes un paquete con 15 acordeones y 20 juegos de boletas, sin nombres, para “practicar” cómo emitir sus votos para los candidatos a ministros, magistrados y jueces que apoya el gobernador Samuel.
Replican en varios estados operativo acordeón
Durante la reunión en Nuevo León, presidida por Mayela Chapa, los asistentes —todos funcionarios públicos— participaron en una simulación de votación con boletas sin nombres y acordeones que incluían los números de aspirantes previamente seleccionados. Los códigos correspondían a figuras como Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, todas vinculadas a la 4T, así como a perfiles cercanos al gobernador Samuel García.
Este mismo esquema se ha replicado en otras entidades gobernadas por Morena y Movimiento Ciudadano. En la Ciudad de México, se viralizó un acordeón con recomendaciones para votar por candidatos ligados al oficialismo, atribuido al Instituto de Formación Política de Morena. En Jalisco, trabajadores estatales denunciaron haber recibido órdenes para movilizar al menos a diez votantes cada uno, en un esfuerzo coordinado desde una mesa política entre funcionarios del Gobierno local y operadores de MC.
Samuel usa el estado para favorecer a Morena en votación judicial
La administración de Samuel García y Movimiento Ciudadano ha montado un operativo para promover el voto a favor de candidatos afines a Morena y a la 4T, usando recursos públicos y tiempos laborales. En sesiones de adiestramiento, encabezadas por Mayela Chapa, se han repartido acordeones con números clave de aspirantes con nexos políticos claros.
Entre los perfiles señalados están Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Ulises Carlín, ex Consejero Jurídico del Gobernador. También aparecen funcionarios estatales, operadores de MC y figuras del círculo cercano a AMLO y Esquivel, como Bernardo Bátiz y Juvenal Carbajal.
En las boletas también se favorece a magistrados como Claudia de la Garza Ramos y Ernesto Camacho, que en elecciones pasadas respaldaron a MC, y a actuales empleados del Gobierno estatal, ligados a diversas dependencias y coordinaciones jurídicas. El uso de estas listas inducidas representa un claro intento por controlar la elección judicial del 1 de junio desde el poder.
Indira Kempis ya lo había advertido
Días antes del reportaje, la ex senadora Indira Kempis ya había encendido las alertas. En un video difundido por redes sociales, denunció que el gobernador Samuel García había orquestado un esquema de manipulación electoral disfrazado de simulacros y capacitaciones.
Según Kempis, empleados de dependencias estatales y universidades públicas estaban siendo presionados para entregar su credencial del INE y participar en acciones que favorecen directamente a los candidatos impulsados desde el Palacio de Gobierno.
No escatimó calificativos: llamó a Samuel “ladrón narciso” y señaló a figuras como Miguel Flores Serna y Baltazar Martínez Ríos como operadores del plan. También aseguró que esta estrategia no era nueva, pero sí cada vez más agresiva y cínica.
De acuerdo con las denuncias, los empleados públicos fueron obligados a participar en simulacros de votación donde se les pedía fotografiar su INE, las boletas y un código QR para garantizar que votaran por el candidato de Movimiento Ciudadano, partido al que pertenece García.
Operativo de manipulación electoral: acarreados, INEs y códigos QR
Las denuncias que compartió Reporte Índigo Monterrey revelan un operativo de manipulación electoral que involucraría la recolección de copias de credenciales de elector de empleados del gobierno estatal. Según un testigo anónimo, esta orden provino directamente de Samuel García, quien estaría utilizando su poder para asegurarse de que los trabajadores participaran en este esquema.
Las denuncias mencionan que los empleados fueron presionados con amenazas de despido si no cumplían con las exigencias de la administración.
Este operativo no solo afectaría a los empleados estatales, sino también a trabajadores de instituciones educativas como la UANL, Conalep y la UT de Santa Catarina.
En estos lugares, los líderes de grupo habrían solicitado credenciales de elector de manera ilegal, lo que pone en evidencia el alcance de las presiones organizadas desde el gobierno estatal para influir en los resultados de la elección judicial.
Operativo de Samuel es delito electoral
La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) ya está investigando las denuncias sobre la manipulación electoral en Nuevo León. Según los informes, la FEDE ha recibido más de 10 denuncias, la mayoría de ellas anónimas, que detallan las presiones ejercidas sobre los empleados públicos para influir en la elección judicial.
Aunque Samuel García sigue sin pronunciarse sobre estas acusaciones, las autoridades electorales están comprometidas en esclarecer los hechos y hacer cumplir la ley sobre este delito electoral del gobernador.
La investigación está centrada en determinar si hubo un uso indebido de recursos públicos y si se cometieron delitos electorales al manipular el voto de los empleados y funcionarios.
Las consecuencias legales de estos actos podrían ser graves, ya que la coacción electoral es un delito sancionable por la ley, y quienes estén involucrados en esta manipulación podrían enfrentar sanciones severas.
Planteles educativos también en la mira
Las presiones han alcanzado a instituciones educativas del estado. De acuerdo con diversos testimonios, planteles como la UANL, el Conalep y la Universidad Tecnológica de Santa Catarina han sido incorporados al esquema de recolección de INEs y reclutamiento de votos.
En algunos casos, líderes de grupo y personal administrativo han solicitado de manera irregular las credenciales de elector de alumnos y trabajadores. Las amenazas han sido sutiles, pero efectivas: dejar de colaborar podría implicar perder beneficios escolares o enfrentar represalias laborales.
Aunque las autoridades de estos centros educativos no han emitido posicionamientos públicos, dentro de los pasillos ya circula la preocupación. Trabajadores y docentes han comenzado a filtrar la información, conscientes de que la línea entre la labor académica y las presiones políticas se ha desdibujado por completo.
La intromisión del gobierno en los espacios universitarios no solo compromete la autonomía institucional, sino que también expone a jóvenes y personal académico a un ambiente de intimidación disfrazado de civismo.
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