El mandatario estatal rechazó las acusaciones de corrupción vinculadas a la presunta extorsión a Matrimar. Samuel García sostiene que el conflicto deriva de impuestos omitidos por la empresa pedrera. Sin embargo, diversos audios implican a Baltazar Martínez en la gestión de pagos millonarios en efectivo. La administración mantiene su postura sobre supuestos adeudos al estado a pesar de las pruebas documentales.
Samuel García Rechaza Los Señalamientos De Extorsión A Matrimar
El gobernador Samuel García negó públicamente que las grabaciones difundidas recientemente constituyan un delito. El mandatario calificó los hechos como un proceso legítimo de recaudación y no como un esquema ilegal. Según su declaración, el gobierno estatal busca cobrar los tributos ambientales que las pedreras evaden constantemente.
La autoridad estatal desestimó la denuncia que la empresa Materiales Triturados Martínez presentó ante la opinión pública. García insistió en que la compañía mantiene obligaciones pendientes con el erario público. Por ello, el ejecutivo estatal justificó las acciones de sus colaboradores cercanos como gestiones administrativas normales.
El mandatario estatal habló por primera vez sobre el caso que EL NORTE difundió originalmente el 19 de febrero. En su intervención, el gobernador minimizó el impacto de los audios donde se solicita dinero. Samuel García aseguró que no existe corrupción dentro de su equipo de trabajo ni en las dependencias involucradas.
Baltazar Martínez Defiende Su Gestión Ante Extorsión A Matrimar
El diputado local Baltazar Martínez Ríos descartó solicitar licencia a su cargo legislativo. El funcionario también confirmó que permanecerá al frente de la dirigencia estatal de Movimiento Ciudadano. Martínez Ríos aseguró que mantiene la conciencia tranquila tras las acusaciones de la pedrera.
El legislador describió su participación en el conflicto como un acto de apoyo institucional. Según sus palabras, el involucramiento respondió exclusivamente a su labor como representante popular. Martínez Ríos afirmó que actuó dentro del marco de la legalidad al acercar a las partes en disputa.
El diputado negó haber cometido cualquier irregularidad durante las reuniones con los directivos de la empresa. El funcionario emecista reiteró que seguirá trabajando en sus responsabilidades actuales de forma habitual. Por lo tanto, el legislador ignora las presiones políticas que exigen su renuncia inmediata.
Los Detalles Del Audio Sobre La Extorsión A Matrimar
Las grabaciones revelan a Baltazar Martínez solicitando un pago fuerte para permitir la operación de la planta. El legislador avisó a la empresa que debía alinearse con las exigencias económicas de la administración. En el audio, el diputado se ofrece como intermediario ante los secretarios de Gobierno y Medio Ambiente.
Martínez Ríos aceptó que conectó a los empresarios con los funcionarios estatales para resolver sus temas. No obstante, el emecista alegó que él solamente fungió como un puente de comunicación. El diputado evitó explicar por qué el dinero solicitado debía entregarse bajo la modalidad de efectivo.
El legislador también señaló que los recursos llegarían a la Subsecretaría de Administración Tributaria estatal. Esta declaración contradice los procesos legales de recaudación que establece la normativa vigente. La mención de pagos por fuera de los canales oficiales genera dudas sobre la transparencia gubernamental.
Incongruencias Sobre Los Supuestos Adeudos Al Estado De Matrimar
La empresa Matrimar exhibió documentos oficiales que contradicen la versión del gobernador Samuel García. El expediente DF-27/2025 demuestra que la Tesorería estatal no registró incumplimientos fiscales de la pedrera. El texto oficial certifica que la compañía cumplió con todas sus obligaciones en tiempo y forma.
El gobernador no proporcionó explicaciones claras sobre la existencia de este certificado de no adeudo. García simplemente insistió en que la empresa sí debe recursos a pesar de lo que dicen sus propios documentos. El mandatario evitó profundizar en las razones por las cuales la Tesorería exoneró a la firma previamente.
La falta de evidencia sobre los adeudos reales debilita la narrativa que sostiene el poder ejecutivo. Los empresarios consideran que el gobierno fabrica cargos fiscales para presionar a quienes denuncian irregularidades. Esta situación genera un clima de incertidumbre jurídica para el sector industrial en la entidad.
Samuel García Descalifica Amparos Tras La Extorsión A Matrimar
El mandatario estatal criticó duramente las suspensiones legales que los jueces otorgaron a diversas empresas pedreras. Samuel García sostuvo que estos amparos carecen de validez para su administración actual. El gobernador acusó a algunos jueces de emitir fallos ilegales antes de dejar sus cargos.
El ejecutivo estatal afirmó que las empresas utilizan estos recursos jurídicos para dejar de pagar sus contribuciones. Según sus cálculos, el estado dejó de percibir montos cercanos a los 700 millones de pesos por estas suspensiones. García advirtió que su gobierno no respetará los criterios judiciales que afecten la recaudación ambiental.
El gobernador argumentó que las compañías ya cobran el impuesto ambiental a sus clientes finales. Por esta razón, el mandatario considera injusto que el dinero no llegue a las arcas del estado. Samuel García endureció su discurso contra el poder judicial al cual acusa de proteger a los evasores.
😤 ¡No nos engañas Samuel! Con gestos que parecen buscar distraer de los hechos, el gobernador insiste en adeudos fiscales de la empresa Matrimar, pese a que la Tesorería certificó lo contrario.📑 ¿Es su lenguaje corporal un intento de ocultar su corrupción?
— Tu Colonia Regia (@ColoniaRegia) February 25, 2026
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La Postura Oficial Ante La Denunciada Extorsión A Matrimar
La administración estatal mantiene una postura defensiva frente a los cuestionamientos de la prensa y la ciudadanía. El gobernador insiste en que las denuncias de corrupción carecen de fundamentos reales y pruebas contundentes. Para el mandatario, las acusaciones forman parte de una estrategia para evitar el pago de impuestos.
La fiscalía estatal y las autoridades correspondientes deberán analizar la validez de los audios presentados. Mientras tanto, el gobierno estatal continúa enviando requerimientos y notificaciones a las empresas del ramo pétreo. La tensión entre el ejecutivo y el sector privado aumenta conforme avanzan los procesos legales.
El caso de la pedrera Matrimar representa un desafío para la transparencia y la rendición de cuentas. La sociedad civil exige que las autoridades aclaren el rol de los intermediarios en la recaudación pública. El futuro de los funcionarios implicados dependerá de las investigaciones que realicen los organismos autónomos.
Matrimar Gana Batalla Judicial Y Supera Bloqueo De Samuel García
La empresa Matrimar ha logrado un triunfo definitivo al reanudar sus operaciones, consolidando lo que representa una victoria legal tras la extorsión a Matrimar. Este desenlace ocurre después de que los propietarios lograran invalidar las medidas de presión impuestas por el gobierno estatal. La reapertura de la planta en Cerralvo marca el fin de un periodo de inactividad forzada, demostrando que la justicia prevaleció sobre el acoso institucional y las exigencias económicas irregulares denunciadas por los directivos.
La reanudación de actividades en la pedrera representa un revés directo para la narrativa del Ejecutivo. Los propietarios, tras meses de resistencia, lograron demostrar que el cierre de sus instalaciones no obedecía a causas técnicas legítimas, sino a una red de extorsión a Matrimar.
A través de la vía penal, los empresarios José Santos e Ignacio Martínez Gutiérrez confrontaron las exigencias de pagos millonarios. En este proceso, la intervención de Baltazar Martínez fue clave para evidenciar las presiones que buscaban condicionar el derecho al trabajo a cambio de beneficios económicos.
Por tanto, la resolución que permitió volver a operar se interpreta como un triunfo frente al abuso de poder que ejerce el gobernador Samuel García. La justicia penal ahora sigue su curso para sancionar a los funcionarios que participaron en este esquema de hostigamiento.
A pesar de que el gobernador intentó justificar las clausuras, la empresa logró retomar su lugar en el corazón industrial de Nuevo León. Este caso sienta un precedente sobre la protección de la inversión privada frente a abusos de autoridad.
El éxito jurídico de la pedrera ha dejado al descubierto las tácticas de presión de la administración actual. Con el respaldo de la denuncia penal, la compañía asegura que no cederá ante amenazas futuras del estado.
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