Doce meses de desdén oficial bastaron para confirmar que la prisa en el discurso no se traduce en eficiencia sobre el asfalto. La actual administración estatal ha optado por el silencio y la evasión frente a una bomba de tiempo subterránea: el pluvial dañado por Línea 4. Lejos de asumir la responsabilidad técnica por los destrozos causados durante la cimentación de su obra insignia, el gobernador Samuel García prefiere jugar con los tiempos del calendario electoral antes que salvaguardar la seguridad pluvial de la metrópoli regiomontana.
Un año de negligencia bajo el subsuelo regio
El calendario no miente: se cumplió exactamente un año desde que se destapó la cloaca operativa del proyecto estrella de movilidad. Fue a finales de octubre de 2025 cuando quedó al descubierto que la maquinaria pesada había reventado la infraestructura subterránea en el estratégico cruce de Constitución y Venustiano Carranza. Lejos de ser un incidente aislado, el dictamen técnico arrojó una cifra demoledora: cerca de una treintena de afectaciones directas al equipamiento urbano, vialidades y pasos peatonales a consecuencia del trazo acelerado del monorriel.
La dimensión del problema no es menor. Se trata de un ducto pluvial colosal, con una sección de cuatro metros de diámetro y una longitud aproximada de dos kilómetros, cuya función es clave para conducir grandes avenidas de agua desde la zona de Colón hasta el lecho del Río Santa Catarina. Pese a que el consorcio Mota-Engil y los funcionarios estatales reconocieron abiertamente la perforación provocada por las columnas, los meses han corrido sin que se coloque un solo parche de concreto en la cavidad afectada.
La complicidad de los permisos “a la palabra”
El origen de esta fractura urbana retrata la forma en que el oficialismo naranja ha manejado los recursos públicos. La intervención sobre este sector arrancó sin el blindaje de licencias formales, cobijada únicamente por acuerdos informales gestados durante la anterior alcaldía regia encabezada por Luis Donaldo Colosio. Esa falta de rigor y planeación detonó impactos que hoy nadie quiere solventar en el terreno práctico.
Para calmar los ánimos, el titular de la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana, Hernán Villarreal, prometió a inicios de este año que el plan de rescate estaba acordado con el nuevo gobierno de Monterrey. Sin embargo, en el terreno de los hechos, las promesas se desvanecieron. Al comparecer ante los legisladores locales, el funcionario recurrió a argumentos inverosímiles al declarar que la tubería cuenta con una capacidad tan holgada que no representa peligro alguno. Esta postura minimiza el riesgo de socavones mayores e inundaciones catastróficas, apostando la tranquilidad de miles de ciudadanos a la simple suerte meteorológica.
El cálculo electoral por encima de la seguridad
La realidad detrás de esta parálisis operativa obedece a un interés estrictamente político. Los pretextos oficiales argumentan que la prioridad es desahogar los frentes de trabajo en la arteria de Gonzalitos, dilatando las reparaciones subterráneas hasta el límite de la tolerancia social. No obstante, al interior de la constructora encargada se maneja una versión contundente: el mandatario no piensa autorizar cierres viales masivos ni maniobras invasivas hasta después de las elecciones intermedias de 2027.
El costo político de admitir la magnitud del error aterra al mandatario estatal. Prefieren que el agua siga debilitando la estructura antes que admitir ante el electorado que su megaobra estrella perforó el drenaje mayor de Monterrey. Al retrasar indefinidamente la intervención de ingeniería profunda, el panorama apunta a una salida fácil: heredar la crisis sin resolver a quien tome las riendas de Nuevo León en la siguiente administración.
Este panorama demuestra el desinterés de una gestión que prefiere la estética de las redes sociales por encima de la seguridad real de la población. Durante un año entero, el gobierno de NL encabezado por Samuel García ha tolerado que un ducto pluvial vital permanezca fracturado por los pilotes del viaducto elevado, posponiendo las obras bajo justificaciones absurdas y cálculos partidistas para evadir el descontento popular, arriesgando el patrimonio de la ciudadanía ante la próxima tormenta.
¿Crees que el gobierno estatal debería reparar este pluvial de inmediato o consideras justificable que prioricen el avance de la obra para evitar el caos vial?
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