La entrada en vigor de la ley de movilidad en Nuevo León ha provocado inconformidad entre motociclistas. Asociaciones locales aseguran que los nuevos lineamientos son abusivos, con multas excesivas y prácticas que fomentan actos de corrupción de parte de las autoridades de tránsito.
Multas Elevadas Y Primer Amparo A Motociclista
Desde el pasado mes de mayo, los motociclistas enfrentan sanciones que van desde la falta de chalecos con código QR hasta no portar casco reglamentario. Las multas, denuncian, alcanzan los 20 mil pesos.
Ante esta situación, la Unión de Motociclistas de Nuevo León decidió interponer recursos legales. El pasado 10 de julio, un integrante logró obtener el primer amparo que impide el retiro de su vehículo al comprobar contar con licencia y tarjeta de circulación.
El presidente de la Unión, Fernando Barboza, aseguró que este caso abre la puerta para una serie de amparos que buscan frenar lo que consideran una aplicación desproporcionada de la ley.
Ley De Movilidad Y Riesgo De Corrupción
Barboza denunció que la ley de movilidad dio a los agentes de tránsito la facultad para detener motociclistas de manera discrecional, lo que ha generado sobornos y extorsiones.
De acuerdo con sus declaraciones, los retenes nocturnos se han vuelto escenarios de presuntos actos de corrupción donde los motociclistas son obligados a pagar “moches” para evitar sanciones más severas.
“Se presta a eso. El gobierno les dio armas para detenernos y pedir dinero”, afirmó. Además, señaló que la organización seguirá interponiendo amparos para defender lo que consideran derechos vulnerados.
Movimiento Motociclista También Logra Amparos
El Movimiento Motociclista de Nuevo León respaldó las denuncias de la Unión. Su vocero, José Luis Álvarez Mendicuti, afirmó que a pesar de que la normativa no ha sido homologada en todos los municipios, algunos tránsitos ya aplican multas.
“Vas en la noche con tu moto y te paran. Aprovechan la ignorancia de la gente para sacar un varo”, aseguró Álvarez.
Integrantes del movimiento también han conseguido amparos que los protegen de la aplicación inmediata de sanciones derivadas de la ley. Esto, dijeron, demuestra que existen vacíos legales y contradicciones en la implementación.
Reglas Exigidas Por El Reglamento Estatal
El reglamento de la ley de movilidad, publicado el 28 de mayo, establece que los motociclistas deben portar:
- Chaleco y vestimenta de color reflejante.
- Casco de seguridad reglamentario.
- Código QR visible tanto en la placa como en la ropa, vinculado a la licencia de conducir.
La medida fue justificada como una estrategia para reforzar la seguridad vial. Sin embargo, los motociclistas consideran que el uso del código QR es excesivo y difícil de aplicar en la práctica.
El Consejo Consultivo de Movilidad del estado también criticó estas disposiciones, al considerarlas poco claras, fuera de la ley y con sanciones desproporcionadas.
Críticas A La Aplicación De La Ley De Movilidad
Desde que la ley de movilidad entró en vigor, motociclistas han denunciado un ambiente de persecución. Para ellos, las reformas no buscan prevenir accidentes, sino generar ingresos a costa de sanciones.
“Es una cacería de brujas”, expresó Fernando Barboza. Su postura refleja el sentir de decenas de motociclistas que aseguran estar más expuestos a extorsiones que antes de la reforma.
Por su parte, asociaciones civiles dedicadas a la movilidad han señalado que el problema no es la existencia de reglas, sino la falta de claridad y la manera en que se aplican. Además, cuestionan la ausencia de programas de concientización y educación vial que acompañen estas medidas.
Exigen Revisión De Las Reformas Y Sus Reglamentos
Ante el descontento, los motociclistas exigen una revisión inmediata de la ley de movilidad y su reglamento. Argumentan que se violan derechos al imponer requisitos sin justificación técnica y que el diseño de las sanciones abre la puerta a la corrupción.
Mientras tanto, continúan los procesos de amparo y la inconformidad crece entre motociclistas que ven afectados su bolsillo y su seguridad jurídica. La controversia evidencia una falta de consenso en torno a una ley que, más allá de sus intenciones, ha terminado generando división y desconfianza.
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