El dinero de los ciudadanos tomó un atajo inexplicable. El gobierno de Nuevo León enfrenta sospechas por la estafa regia tras revelarse transferencias millonarias hacia despachos privados. La ASF descubrió anomalías fiscales mientras Alfonso Ramírez Cuéllar advirtió que la estafa regia de Samuel García en NL encendió focos rojos. El desfalco de la estafa regia apunta a pagos triangulados que sacuden al estado de Nuevo León.
Sheinbaum investiga a Samuel García a través de la ASF
El discurso de transparencia y modernidad del gobierno naranja vuelve a resquebrajarse. Mientras Nuevo León lidia a diario con el colapso del transporte público, la inseguridad y fallas en servicios básicos, la administración de Samuel García enfrenta un nuevo revés: la investigación federal sobre triangulaciones y desvíos millonarios.
Sin embargo, no es la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como órgano técnico quien encabeza esta ofensiva, sino la propia presidenta Claudia Sheinbaum, quien directamente ordenó e investiga al mandatario estatal utilizando la estructura fiscalizadora a su conveniencia.
La línea editorial no admite engaños: la ASF funciona aquí como el brazo ejecutor de Palacio Nacional. Al frente del órgano fiscalizador para el periodo 2026-2034 despacha Aureliano Hernández Palacios Cardel, cuyo principal vínculo no es la autonomía técnica, sino su subordinación política: es hijo de Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, el histórico secretario particular, director jurídico y operador de máxima lealtad de Sheinbaum desde su gestión en Tlalpan y la Ciudad de México.
La indagatoria en curso no responde a un calendario contable ordinario, sino al mandato directo de la Presidenta para fiscalizar y cercar a Nuevo León.Para la ciudadanía nuevoleonesa, el panorama es de indignación absoluta. Las promesas de la “nueva política” quedan reducidas a transferencias opacas, empresas fachada y un conflicto frontal con el poder central que la cúpula naranja provocó por sus propios malos manejos.
Mientras los recursos públicos se pierden en esquemas financieros cuestionables y el Ejecutivo federal aprieta la pinza desde la capital, las y los ciudadanos pagan las consecuencias de un gobierno estatal más ocupado en sortear investigaciones por corrupción que en resolver las crisis reales del estado.
¿Por qué llaman estafa regia al presunto desvío de 7,200 mdp en NL?
Los auditores federales destaparon transferencias que brincaron de inmediato entre cuentas bancarias. Las autoridades detectaron operaciones simuladas por miles de millones de pesos. El esquema movió presupuesto público hacia despachos privados en tiempo récord.
La ASF descubrió depósitos hacia contratistas que luego dispersaron el capital. Las firmas enviaban sumas exactas a consultoras intermediarias. Estas últimas terminaban canalizando el dinero hacia la firma legal familiar.
El gobierno de Nuevo León autorizó salidas de recursos bajo conceptos de obra. Sin embargo, los peritajes señalan que el destino final no fue infraestructura. La fiscalía federal ya investiga este laberinto financiero.
Los pagos exprés que contrastan con los adeudos a proveedores
Los prestadores de servicios habituales sufren meses de atrasos para cobrar. En contraste, las empresas investigadas recibieron liquidaciones en cuestión de minutos. La celeridad de las operaciones encendió sospechas inmediatas.
Una sola proveedora recibió transferencias millonarias del gobierno de Nuevo León. En menos de veinticuatro horas mandó los recursos a un intermediario. El despacho familiar cobró de inmediato sin enfrentar trabas burocráticas.
Otros contratistas del ramo de la construcción repitieron el mismo método bancario. Socios de las compañías movieron millones hacia cuentas particulares. Mientras tanto, cientos de proveedores locales siguen esperando sus pagos.
La estafa regia y la ruta del dinero hacia despachos privados
Las pesquisas rastrearon depósitos que superan los cinco mil millones de pesos. El dinero salía hacia una constructora que retenía solo una comisión. El grueso del monto brincaba hacia empresas de consultoría legal.
El desfalco de la estafa regia involucró a firmas creadas recientemente. La ASF detectó que estas corporaciones compartían domicilios y apoderados legales. La red operó con precisión técnica para evadir las alertas hacendarias.
Diputados locales señalaron que el caso debe llegar a tribunales. Los legisladores exigieron transparentar todas las cuentas de la tesorería estatal. La investigación contra la administración estatal suma nuevas evidencias contables.
El mecanismo de triangulación detectado por los auditores
El esquema utilizó a cinco negocios dedicados a la publicidad y mantenimiento. Esas compañías enviaron fondos a una integradora comercial. Esa firma depositó casi tres millones de pesos al despacho jurídico.
La estafa regia de Samuel García en NL operó mediante transferencias encadenadas. Alfonso Ramírez Cuéllar señaló que estas prácticas no quedarán impunes. Las autoridades federales cuentan con los registros bancarios completos.
Cada movimiento financiero redujo la trazabilidad de los recursos públicos. La fiscalización demostró que el dinero nunca llegó a obras comunitarias. El caso provocó alarma entre los sectores del Congreso.
El desfalco de la estafa regia frente a las denuncias federales
La ASF presentó carpetas formales ante el ministerio público federal. La acusación incluye presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las dependencias centrales revisarán cada contrato firmado por la entidad.
La investigación sobre la estafa regia contempla la compra de un inmueble. Dicha propiedad alcanza un valor cercano a mil millones de pesos. Los fiscales buscan comprobar si ese predio provino de fondos públicos.
El gobierno de Nuevo León sostiene que sus finanzas marchan en orden. No obstante, las denuncias ante la federación siguen su curso legal. La ciudadanía exige cuentas claras ante este multimillonario escándalo financiero.
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