La Auditoría Superior de Nuevo León reportó hallazgos sobre el robo de Samuel García a Nuevo León mediante transferencias millonarias desde la Tesorería estatal. El informe detalla operaciones en el DIF Nuevo León, donde participa Mariana Rodríguez Cantú, además de compras de medicinas de cáncer para Nuevo León y sobreprecios como el chayote a 300 pesos en el DIF de Nuevo León.
Hallazgos sobre el presunto robo de Samuel García en la Cuenta Pública
El titular de la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León (ASENL), Alejandro Reynoso Gil, compareció ante el Congreso estatal para presentar los resultados de la fiscalización correspondiente a la Cuenta Pública 2025. Durante su exposición, el auditor detalló que la Unidad de Investigación detectó 786 transferencias bancarias que suman un monto de 1,696.6 millones de pesos hacia el despacho jurídico-fiscal de Samuel García Mascorro, padre del gobernador Samuel García, quien también figura como socio de dicha firma.
De acuerdo con el reporte presentado ante los legisladores locales, la revisión global de la cuenta estatal arrojó cerca de ocho mil observaciones sin solventar por un monto acumulado de 61 mil millones de pesos. Del total de recursos transferidos al despacho familiar, el órgano fiscalizador documentó que más de 968 millones de pesos provienen directamente de empresas contratistas de la actual administración estatal que enfrentan investigaciones activas.
Asimismo, el informe señala que el resto del dinero llegó a la firma jurídica a través de cuatro rutas distintas con origen en la Tesorería estatal. Estas vías involucran a una empresa constructora, una comercializadora, una compañía de servicios y un proveedor de equipamiento. Por ejemplo, la firma constructora recibió 5,851 millones de pesos del gobierno estatal y posteriormente envió 5,154.6 millones a una subsidiaria, la cual transfirió 385.3 millones de pesos al despacho vinculado al mandatario.

En otro movimiento rastreado por los auditores, uno de los proveedores depositó 261.4 millones de pesos al despacho jurídico y, apenas un día después, esa firma transfirió 262 millones de pesos a una compañía inmobiliaria. Estos hallazgos locales se suman a las indagatorias previas de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), instancia que en octubre presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República por presuntas triangulaciones que superan los 7,200 millones de pesos.
Irregularidades y el presunto robo de Samuel García en el DIF estatal
La fiscalización de la ASENL también examinó las operaciones financieras realizadas en el DIF Nuevo León, institución cuya responsabilidad política recae en Mariana Rodríguez Cantú. Según los datos expuestos ante el Congreso, el organismo asistencial pagó 1,953 millones de pesos a una empresa proveedora de servicios de alimentos. Posteriormente, dicha compañía dispersó los recursos entre cinco filiales pertenecientes al mismo grupo empresarial y, en un lapso de ocho días, transfirió 23.3 millones de pesos al despacho jurídico-fiscal fundado por el gobernador y su padre.
Además del flujo financiero, el informe de auditoría documentó diferencias considerables entre los precios facturados al DIF estatal y los costos vigentes en el mercado al mayoreo. Los registros contables muestran que la proveedora cobró el kilogramo de chayote a 300 pesos, cuando su valor comercial al mayoreo rondaba los 18 pesos. De igual manera, el organismo pagó 250 pesos por cada kilo de aguacate, 200 pesos por el kilo de tomate y 180 pesos por el kilo de cebolla.
Por otra parte, la revisión a la nómina del DIF Nuevo León detectó pagos por 3.15 millones de pesos destinados a cuatro personas que laboraban en empresas privadas. El reporte indica que estos trabajadores prestaban sus servicios en el despacho jurídico-fiscal de la familia García y en una compañía de cosméticos vinculada a Eugenia Rodríguez Cantú, hermana de Mariana Rodríguez Cantú.

Compras de medicinas y el presunto robo de Samuel García en salud
El expediente de la Auditoría Superior estatal incluye un apartado específico sobre adquisiciones en el sector salud y educativo, involucrando al Isssteleón y a la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Según el documento oficial, ambas instituciones depositaron de manera conjunta 420.6 millones de pesos a una empresa contratista encargada de la distribución de medicamentos oncológicos.
Sin embargo, los auditores señalaron la falta de comprobación sobre la entrega oportuna y completa de los fármacos destinados al tratamiento de pacientes con cáncer. Tras recibir los pagos institucionales, una empresa que comparte el mismo domicilio fiscal que la distribuidora realizó transferencias por 74.1 millones de pesos hacia el despacho jurídico-fiscal familiar y hacia compañías relacionadas con Samuel Orlando García Villarreal, medio hermano del mandatario estatal.
Denuncias tras los reportes del presunto robo de Samuel García
Ante la magnitud de las observaciones detectadas en la Cuenta Pública 2025, la Auditoría Superior de Nuevo León anunció que turnará los expedientes correspondientes tanto a la Fiscalía General de Justicia del Estado como a la Fiscalía General de la República. El objetivo de estas denuncias es que las autoridades ministeriales realicen las investigaciones penales pertinentes y deslinden responsabilidades entre los funcionarios y particulares involucrados.
En el ámbito político, diputados federales de Morena, como Alfonso Ramírez Cuéllar, y la aspirante a la gubernatura Clara Luz Flores, han interpuesto denuncias adicionales ante la autoridad federal por estos hechos. Mientras tanto, el proceso de fiscalización y las carpetas de investigación siguen su curso legal en medio del escenario político rumbo a la renovación de la gubernatura en 2027.








