El manejo de recursos públicos en Nuevo León vuelve a ser tema central tras el informe más reciente de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el cual expone anomalías por 25.6 millones de pesos en la Cuenta Pública 2024. Dichos fondos estaban destinados a fortalecer la educación y brindar asistencia social a los sectores más vulnerables, pero no se comprobó su uso correcto.
Mal uso de recursos públicos en Nuevo León
El documento señala que el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), uno de los pilares del financiamiento educativo y social, presentó graves irregularidades. La administración estatal no pudo justificar el destino de 24.7 millones de pesos, además de entregar 218 mil 900 pesos a personas ya fallecidas. Este tipo de errores demuestran la falta de control en los padrones de beneficiarios y una supervisión administrativa deficiente que puede derivar en desvío de recursos.
La mala administración del FAM afecta directamente la infraestructura escolar, el equipamiento y programas que deberían llegar a comunidades en situación vulnerable. Sin una rendición de cuentas clara, se pone en riesgo el avance de proyectos educativos y de salud pública que dependen de estos fondos.
Contrataciones sin requisitos
Otra área donde se detectaron irregularidades fue en el Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos, donde se pagaron 678 mil 600 pesos a seis empleados que no cumplían con el perfil académico necesario para sus puestos. Esto refleja un patrón de contratación deficiente que compromete la calidad de los servicios educativos, impactando a jóvenes y adultos que buscan oportunidades para mejorar su formación.
El hecho de que se contrate personal sin la preparación requerida no solo implica un mal uso de recursos, sino que también afecta la confianza en las instituciones encargadas de promover la educación y la capacitación laboral.
Irregularidades por uso de recursos públicos
Nuevo León ocupa el quinto lugar a nivel nacional en el listado de estados con mayores irregularidades detectadas por la ASF durante 2024. Solo es superado por Jalisco, Veracruz, Oaxaca y Morelos. Este posicionamiento refuerza la percepción de que el estado enfrenta graves problemas en la gestión de sus finanzas y evidencia la necesidad urgente de aplicar medidas más estrictas de control y fiscalización.
Además, esta situación puede repercutir en la asignación de futuros recursos federales y dañar la reputación del estado, afectando su capacidad para gestionar nuevos proyectos e inversiones públicas.
Llamado urgente a Samuel García para rendición de cuentas
La ASF, tras documentar las irregularidades, emitió pliegos de observaciones y promovió acciones fiscales para que el gobierno estatal aclare el destino de los recursos y, en su caso, los devuelva. La ciudadanía, por su parte, exige mayor transparencia, auditorías constantes y sanciones efectivas para evitar que se repitan estas prácticas.
Frente a estos hallazgos, expertos en políticas públicas señalan la importancia de fortalecer los mecanismos internos de control, capacitar al personal responsable y actualizar los sistemas de verificación de beneficiarios y contrataciones. La correcta administración de los recursos públicos es esencial para garantizar que los programas sociales cumplan su objetivo principal: mejorar la calidad de vida de la población.
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