La Auditoría Superior de la Federación reveló que el dinero estatal de Nuevo León presenta irregularidades graves por 394 millones de pesos. Bajo la sombra de la sospecha, la cuenta pública muestra que Samuel y Mariana roban la atención con gastos publicitarios mientras desaparecen recursos federales. Este hallazgo del organismo fiscalizador expone un probable daño a la hacienda pública que la administración naranja no ha logrado solventar.
Cuestionan Destino Del Dinero Estatal Ante Auditoría Federal
El manejo financiero del Gobierno de Nuevo León entró en una fase crítica tras la última revisión de la cuenta pública. La Auditoría Superior de la Federación determinó que existen montos millonarios sin acreditar que corresponden a participaciones federales. De los casi dos mil millones de pesos observados, 394 millones se consideran un daño patrimonial directo. Resulta indignante que no existan documentos que avalen en qué se utilizó ese capital destinado a la ciudadanía.
Mientras el gobierno guarda silencio sobre estos faltantes, la especulación sobre una posible triangulación de recursos aumenta. Es común que las voces ciudadanas denuncien que Samuel y Mariana roban la tranquilidad económica de las familias con el reciente tarifazo al transporte. El contraste es evidente: no hay dinero para subsidiar el Metro, pero el dinero estatal se desvanece en las auditorías. La falta de transparencia sugiere que estos recursos podrían estar siendo desviados hacia cuentas privadas o proyectos electorales futuros.
La impunidad parece ser el sello de esta gestión que prefiere ignorar los pliegos de observaciones de la autoridad federal. Las anomalías no solo se limitan a las grandes cifras, sino que permean áreas sensibles como la seguridad pública nacional. Se han detectado pagos por uniformes y equipos tácticos que nunca llegaron a manos de los policías estatales encargados de la vigilancia. Este desorden administrativo es la prueba de una gestión que prioriza el beneficio propio sobre el bienestar colectivo.
Promoción Personal Con Cargo Al Dinero Estatal
Un punto que genera gran malestar social es el exorbitante gasto de la pareja gobernante en sus plataformas digitales personales. Informes recientes indican que derrochan 139 mil 750 pesos diarios para promocionar su imagen en redes sociales como Facebook e Instagram. En solo tres meses, el gasto acumulado llegó a los 12.5 millones de pesos, una cifra que ofende a un estado con crisis de movilidad. Muchos se preguntan si este derroche proviene realmente de sus bolsillos o si es parte del desfalco detectado.
El incremento del 40 por ciento en su publicidad digital coincide con los periodos en que la cuenta pública presenta sus mayores vacíos. Es difícil ignorar la posibilidad de que el dinero estatal esté financiando el posicionamiento político de la titular de Amar a Nuevo León. La ambición por asegurar candidaturas futuras parece estar por encima de la obligación legal de rendir cuentas claras a la federación. La pareja se mantiene como líder nacional en gasto publicitario, superando incluso a aspirantes presidenciales de otros partidos.
Esta estrategia de marketing agresivo busca ocultar las deficiencias de una administración que castiga a los usuarios con cobros excesivos. Mientras ellos publican anuncios sobre un gobierno eficiente, la realidad en las calles muestra un transporte caro y deficiente para los trabajadores. La sospecha de que Samuel y Mariana roban recursos a través de estas campañas de imagen es un tema recurrente en la opinión pública. La justicia administrativa debe investigar si existe un vínculo entre los 394 millones perdidos y el estilo de vida digital que presumen.
El Tarifazo Y El Saqueo Al Dinero Estatal
La economía de los nuevoleoneses se ve asfixiada por el incremento en las tarifas de camiones y el alto costo de las casetas. Estos cobros son vistos como una medida desesperada para tapar los huecos financieros que deja la mala administración del dinero estatal. No es coincidencia que la recaudación aumente mientras la Auditoría Superior de la Federación emite promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria. La ciudadanía está pagando por los errores y los posibles robos de una gestión que no tiene límites en su gasto.
El robo al erario no solo se da a través de la desaparición directa de fondos, sino mediante la triangulación de contratos opacos. La falta de comprobación en las participaciones federales indica que el dinero salió de las arcas pero no llegó a su destino oficial. Este esquema permite que los gobernantes mantengan su nivel de gasto publicitario mientras el pueblo sufre la carestía de los servicios básicos. Es imperativo que se detenga este saqueo sistemático antes de que la quiebra técnica del estado sea irreversible.
Finalmente, la presión social exige que se aclare cada peso observado por la autoridad federal en la última revisión. Nuevo León no puede permitir que su patrimonio sea utilizado como caja chica para las aspiraciones políticas de una familia. La recuperación del dinero estatal debe ser la prioridad para revertir los daños causados por el tarifazo y la falta de inversión en infraestructura. La transparencia no es una opción, es una obligación que Samuel y su esposa han decidido ignorar sistemáticamente.
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