La propuesta del Gobierno estatal para que todas las escuelas implementen un transporte escolar obligatorio ha generado críticas entre padres de familia, directivos educativos y legisladores locales. Lejos de ofrecer una solución clara a los problemas de movilidad, el planteamiento ha despertado dudas y preocupación debido a su falta de estructura, planeación y apoyo económico por parte de las autoridades.
El pasado lunes, el Secretario de Movilidad, Hernán Villarreal, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Educación, obligando a que todas las instituciones educativas —públicas y privadas— desarrollen un plan de transporte escolar para el ciclo 2025-2026.
La propuesta, sin embargo, no contempla lineamientos claros ni apoyo técnico o financiero del Estado. De acuerdo con Villarreal, la implementación y los costos de esta medida quedarán completamente en manos de las escuelas. Esto ha sido interpretado como una forma del Gobierno estatal de evadir su responsabilidad y trasladarla a las instituciones y a las familias.
Padres exigen reglas claras a Samuel
Tanto la Unión Neoleonesa de Padres de Familia como la Federación de Escuelas Particulares han alzado la voz en contra de la iniciativa. Sus representantes señalan que el documento presentado ante el Congreso carece de bases normativas, lineamientos operativos y estrategias de capacitación.
July Mendoza, presidenta de la Unión Neoleonesa de Padres de Familia, expresó que la propuesta llega de forma superficial y sin resolver aspectos clave. “No viene clara, no dice los cómos. Necesitamos claridad”, señaló. Además, subrayó que las escuelas no tienen las capacidades ni la experiencia necesarias para diseñar planes de transporte escolar.
La molestia se incrementa porque el Gobierno no ha ofrecido ningún tipo de acompañamiento técnico o jurídico para que los planteles puedan elaborar los planes exigidos por la ley. Tampoco se ha establecido un calendario detallado para la transición ni se ha considerado cómo afectará esto a los planteles más pequeños o con menos recursos.
Escuelas no están preparadas para el transporte escolar obligatorio
Jorge Félix, vocero de la Federación de Escuelas Particulares, coincidió en que la iniciativa carece de fundamento. Explicó que no se han detallado aspectos esenciales como tiempos, formas, implementación ni mecanismos de evaluación.
Félix considera que el Gobierno pretende imponer una obligación sin dar las herramientas necesarias para cumplirla. Desde su perspectiva, este tipo de iniciativas deben construirse con diálogo, no con imposiciones.
La Federación ha señalado que los planteles educativos ya enfrentan múltiples retos operativos, y que sumarles la tarea de crear un plan de transporte escolar sin preparación previa es imprudente. También advierten que esto podría elevar los costos de operación de las escuelas, afectando directamente a las familias.
Otro punto que preocupa es la seguridad. Al no haber lineamientos, no se sabe qué condiciones deberán cumplir los vehículos, los conductores o los protocolos de emergencia. En un entorno donde ya existen riesgos por inseguridad y congestión vial, estas omisiones son graves.
Críticas desde el Congreso local a Samuel
Las voces críticas también llegaron desde el Congreso. Carlos de la Fuente, coordinador de la bancada del PAN, consideró que el Gobierno está evadiendo su responsabilidad. “No le vemos pies ni cabeza a esa iniciativa. Se están queriendo lavar las manos”, declaró el legislador.
De la Fuente aseguró que, de mantenerse la propuesta en su estado actual, el Estado al menos debería asumir parte de los costos. A su juicio, no es justo que las familias y las escuelas deban asumir una carga que corresponde al Gobierno.
Por su parte, la diputada priista Lorena de la Garza cuestionó que se hable de hacer obligatorio el transporte escolar sin tener claros los temas de financiamiento, logística y seguridad. “No podemos normalizar que el Gobierno se lave las manos. Las familias ya hacen sacrificios enormes para garantizar la educación de sus hijos”, expresó.
Ambos legisladores coinciden en que la propuesta fue lanzada sin la planeación necesaria. Consideran que el Ejecutivo estatal busca trasladar un problema de movilidad sin asumir su parte. También lamentan que no se haya abierto un espacio formal de diálogo para incluir las voces de escuelas, padres y expertos en movilidad.
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