La protesta social volvió a ocupar las calles de Monterrey, luego de que integrantes del colectivo La Voz de los Usuarios exigieran públicamente al Gobierno del Estado el cese inmediato de la persecución legal contra el activista Luis Castillo, detenido en abril tras participar en una manifestación contra el “tarifazo”, el aumento de tarifas en del transporte público.
Durante un pronunciamiento realizado este lunes en el cruce de Venustiano Carranza, entre Espinoza y Manuel María del Llano, el colectivo se manifestó junto a Castillo para reiterar su postura: la protesta del 19 de abril fue legítima, pacífica y no justifica la criminalización del activismo social. Los participantes colocaron un toldo y bloquearon de forma intermitente dos carriles de la vialidad en sentido norte, como medida de presión para exigir justicia.
Detención tras protesta por tarifazo
Luis Castillo fue arrestado el 19 de abril frente al Palacio de Gobierno, durante una movilización convocada para rechazar el aumento al precio del transporte público. De acuerdo con integrantes del colectivo, la protesta transcurrió sin violencia hasta que elementos de Fuerza Civil intervinieron, provocando un altercado que concluyó con la detención del activista.
Posteriormente, un juez de control lo vinculó a proceso por cargos que incluyen desorden público, delitos contra instituciones oficiales, daño en propiedad ajena y daño en propiedad agravado. Además, como medida cautelar, se le colocó un brazalete electrónico, lo que, según el propio Castillo, representa una medida desproporcionada e injustificada.
Pronunciamiento contra judicialización
Durante la movilización de este lunes, Castillo tomó la palabra para dirigirse directamente tanto al Gobernador como al juez que lleva su caso. Pidió que se detengan las acciones legales en su contra y que se reconozca su derecho a protestar. “Estoy seguro de que el Gobernador, con todos los recursos a su alcance, sabe perfectamente que no soy ningún acarreado, que nadie me paga ni me mueve interés alguno más que el bien común”, expresó.
Castillo insistió en que la medida cautelar impuesta —el brazalete electrónico— es excesiva y estigmatizante. “No represento un peligro para la sociedad. Este dispositivo lo usan para criminales, no para ciudadanos que ejercen su derecho a manifestarse”, reclamó.
También dirigió un mensaje al juez que impuso la medida, pidiéndole actuar con independencia y sin convertir el sistema de justicia en un instrumento de castigo contra la disidencia.
Colectivo denuncia represión hacia activista
Itzel Gallegos, una de las integrantes del colectivo, denunció que desde el día de la protesta han sido objeto de una campaña de represión. En su intervención, señaló que la manifestación fue pacífica, sin provocaciones ni violencia. “No estábamos armados ni generando disturbios. Solo exigíamos algo justo: tarifas accesibles y un transporte digno“, declaró.
Gallegos afirmó que desde esa fecha han mantenido movilizaciones para exigir la liberación plena de Castillo y para denunciar el uso de la fuerza estatal como herramienta de intimidación. En su opinión, el caso de su compañero es un claro ejemplo de cómo se está utilizando la ley para silenciar las protestas sociales.
Piden a Samuel fin de la persecución
El colectivo La Voz de los Usuarios reiteró su exigencia al Gobierno estatal para que retire todas las acciones legales contra Castillo y se respete el derecho de la ciudadanía a organizarse y expresarse sin temor a represalias. Para ellos, este caso representa un riesgo mayor: si se normaliza la criminalización de la protesta, cualquier inconformidad podría convertirse en delito.
También hicieron un llamado a las autoridades judiciales para que actúen con imparcialidad y no se dejen influenciar por presiones políticas. “Protestar no es un crimen. Reprimir sí lo es”, concluyeron. Enteráte sobre más detalles del “tarifazo” en el siguiente enlace: Este Martes Inicio el Tarifazo Aumentando a $15 pesos con 10 Centavos en Nuevo León
