- Legisladores Denuncian Acción Ilegal del Gobierno Estatal
- El Uso de Recursos Públicos: Críticas y Preocupaciones
El Gobierno Estatal de Samuel García está considerando un nuevo endeudamiento de 10,500 millones de pesos utilizando la Red Estatal de Autopistas (REA). Legisladores de Nuevo León han señalado que este acto sería ilegal, pues no ha pasado por el Congreso local, lo que contradice la Ley de Administración Financiera. El Ejecutivo estatal busca utilizar un fideicomiso para evitar la aprobación del Congreso y financiar proyectos como las líneas 4 y 6 del Metro.
Legisladores Denuncian Acción Ilegal del Gobierno Estatal
El conflicto surge después de que la Administración estatal anunciara su intención de contratar una nueva deuda por 10,500 millones de pesos. Según la Ley de Administración Financiera, cualquier endeudamiento de los organismos descentralizados debe ser aprobado por el Congreso del Estado. Armida Serrato, diputada local del PRI, expresó que el fideicomiso propuesto por el gobierno para gestionar la deuda no cumple con las excepciones legales, ya que no garantiza que las garantías de pago no se incrementen.
Por su parte, Carlos de la Fuente, líder de la fracción del PAN, también se mostró crítico de la situación. Aseguró que el Consejo de Administración de la REA no tiene la autoridad para aprobar una deuda de largo plazo sin el consentimiento del Congreso local. De la Fuente destacó que, en lugar de destinar los recursos a proyectos estratégicos, el gobierno parece estar gastando en festivales y gastos de imagen pública.
Adicional a los $10 mil mdp de deuda que le autorizó el @CongresoNL para 2025, el Gobernador @samuel_garcias busca contratar otros $10 mil 500 mdp vía la #REA hipotecando ingresos excedentes del Periférico. Alega que sería para “acelerar” la L4 y L6 Metro. https://t.co/f7cPbrW6Hi pic.twitter.com/UWjHWAuoV0
— Angel Charles (@angelcharlsmty) May 12, 2025
Un Fideicomiso Que Evadiría la Autorización Legislativa
La controversia gira en torno a la creación de un fideicomiso que el gobierno estatal pretende utilizar para asegurar el financiamiento sin que pase por el Congreso. Este fideicomiso no rendiría cuentas de forma clara, lo que ha generado preocupación entre los legisladores. Jesús Elizondo, diputado local de Morena, afirmó que en el Congreso no se había informado adecuadamente sobre este proceso y exigió transparencia.
El plan del gobierno de utilizar este fideicomiso pone en duda la transparencia y legalidad del proceso, especialmente cuando se consideran los 8,000 millones de pesos ya autorizados para otras iniciativas. La preocupación de los legisladores es que esta práctica podría sentar un precedente peligroso en la gestión de la deuda pública en Nuevo León.
El Uso de Recursos Públicos: Críticas y Preocupaciones
Además de las implicaciones legales, los legisladores han señalado que la falta de transparencia en la administración de los fondos públicos es un factor preocupante. El gobierno estatal ha sido acusado de destinar los recursos aprobados para otros fines que no benefician directamente a la ciudadanía. Según De la Fuente, los fondos que deberían ser utilizados para proyectos de infraestructura y mejoras sociales han sido redirigidos a eventos como MacroFest y gastos en comunicación e imagen.
Los críticos también señalan que la deuda pública sigue creciendo, mientras que la infraestructura básica como el transporte público y la seguridad se mantienen en condiciones precarias. Este tema ha generado un debate amplio sobre la necesidad de una mayor responsabilidad en la gestión de los recursos públicos y un enfoque más orientado al bienestar de la población.
Llamado a la Acción: La Necesidad de Supervisión y Transparencia
El proceso de endeudamiento del gobierno estatal ha quedado expuesto como una práctica cuestionada por los legisladores, quienes exigen transparencia y un proceso que siga los procedimientos legales establecidos. Esta situación pone en evidencia la falta de claridad en la toma de decisiones relacionadas con los fondos públicos y el endeudamiento estatal. La ciudadanía y los medios deben mantener la vigilancia sobre estos temas para asegurar que se sigan los procedimientos correctos y que el dinero de todos se maneje de manera adecuada.
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