El llamado impuesto verde ha representado un duro golpe financiero para Agua y Drenaje, que ha entregado al gobierno estatal más de 2 mil 900 millones de pesos entre 2023 y 2025. Mientras se presume una política ambiental estatal, el organismo se endeuda y no existen resultados ambientales comprobables ni claros.
Impuesto Verde Causa Déficit En Agua Y Drenaje
El gobierno de Nuevo León ha encontrado en el impuesto verde una fuente millonaria de ingresos. Sin embargo, este cobro ha puesto en jaque las finanzas de Agua y Drenaje.
De acuerdo con documentos del Consejo de Administración del organismo, el gobierno ha cobrado alrededor de 2 mil 900 millones de pesos en tres años por concepto del impuesto verde. Además, para el presupuesto 2026, se proyecta que Agua y Drenaje pague otros mil 162 millones de pesos, bajo el argumento de ser la entidad “más contaminante” del estado.
El monto se ha incrementado año con año. En 2023, AyD pagó 900 millones de pesos, equivalentes al 45% de lo recaudado por todo el Estado bajo este impuesto. En 2024, la cifra aumentó a mil millones de pesos, representando el 55% de la recaudación total. A pesar de esto, los proyectos ambientales del gobierno estatal que deberían financiarse con estos recursos no muestran avances visibles.
Agua Y Drenaje Denuncia Manejo Opaco Del Impuesto Verde
En las sesiones del Consejo de Administración, varios integrantes han señalado su preocupación por el impacto económico del impuesto verde y la falta de claridad sobre su destino. El acta del 22 de agosto de 2024 señala que “el debate refleja una preocupación compartida sobre la gestión de los ingresos del impuesto verde y la necesidad urgente de realizar inversiones efectivas en el sistema de saneamiento”.
El problema radica en que el impuesto verde no se ha traducido en mejoras tangibles para el medio ambiente. No hay evidencia de resultados ambientales concretos ni de proyectos que mitiguen la contaminación. Por el contrario, la aplicación del impuesto ha generado un déficit en Agua y Drenaje, que ahora enfrenta endeudamiento para cumplir con sus compromisos financieros.
A pesar de las críticas, el gobierno estatal continúa promoviendo el cobro, justificándolo como parte de su política ambiental. Sin embargo, los expertos señalan que se trata de un mecanismo de recaudación que termina castigando a las instituciones públicas en lugar de fomentar la sostenibilidad. Al parecer, este impuesto solo le sirve a Samuel y a su gobierno para enriquecerse ellos mismos o derrocharlo en sus campañas de publicidad nacionales.
¿Qué Es El Impuesto Verde? Recaudación Millonaria Sin Resultados Claros
El impuesto verde fue creado en 2022 como un gravamen dirigido a las empresas e instituciones que contaminen el aire, el agua o el subsuelo. Según el discurso oficial, los recursos recaudados se destinarían a proyectos de restauración ambiental.
No obstante, desde su implementación, diversas organizaciones civiles y miembros del propio gobierno han denunciado un manejo opaco de los fondos.
Durante su primer año, Agua y Drenaje pagó 426 millones de pesos, aunque ese monto fue devuelto temporalmente debido a la crisis hídrica de 2022. Desde entonces, los pagos se han mantenido constantes, pero sin que el gobierno estatal presente informes públicos sobre los proyectos financiados.
El argumento de que AyD es la institución que más contamina resulta contradictorio, considerando que su función principal es precisamente el saneamiento del agua. Los consejeros aseguran que, en lugar de fomentar mejoras, el impuesto está debilitando al organismo encargado de mantener la red hídrica en condiciones óptimas. Por lo tanto el impuesto verde se ha vuelto, más que una medida que favorezca a la ciudadanía, una recaudación millonaria del gobierno estatal pero sin beneficios para Nuevo León.
Samuel García Y Su Política Ambiental
La administración estatal, encabezada por Samuel García, ha defendido el impuesto verde como una herramienta para financiar proyectos de sustentabilidad. No obstante, los resultados distan mucho de los anuncios oficiales.
Mientras el gobernador presume avances en su política ambiental, los reportes de Agua y Drenaje evidencian un panorama distinto: un organismo presionado financieramente y sin recursos suficientes para invertir en infraestructura. El propio Consejo ha advertido que los pagos podrían estar “fuera de la ley”, ya que el Artículo 12 de la Ley que Crea los Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey establece que la institución debe estar exenta de cualquier tipo de impuesto estatal o municipal.
Aun así, Samuel García continúa aplicando el cobro, lo que integrantes del Consejo califican como una forma de “ordeñar” al organismo. “Es la manera de ordeñar a la paraestatal mediante un mecanismo como el impuesto verde, y eso está haciendo que tenga déficit al estar endeudándose”, señaló un miembro del Consejo en sesión.
Una Política Ambiental Que Se Queda En El Discurso
El discurso oficial sobre sustentabilidad contrasta con la realidad financiera de Agua y Drenaje. Aunque el gobierno insiste en que los recursos del impuesto verde se destinan a programas ecológicos, no existe transparencia sobre su ejecución. Tampoco se han presentado informes que demuestren una reducción en los índices de contaminación o mejoras en el saneamiento.
Para los integrantes del Consejo, la solución está en invertir en modernización y mantenimiento, no en seguir pagando un impuesto que carece de impacto comprobable. “La prioridad debería ser mejorar el sistema de saneamiento para reducir la carga impositiva, no castigar al organismo que abastece de agua a la población”, subrayaron en sesión.
El Futuro De Agua Y Drenaje Bajo Presión Financiera
Con la proyección de pagar más de mil millones de pesos adicionales en 2026, Agua y Drenaje enfrenta un panorama incierto. El impuesto que debía impulsar políticas ambientales ha terminado por asfixiar financieramente al principal proveedor de agua del estado.
La falta de resultados ambientales y la escasa rendición de cuentas agravan la percepción de que el gravamen es más un instrumento recaudatorio del gobierno estatal que una estrategia de sostenibilidad. En medio de una crisis climática y de infraestructura, la paraestatal necesita inversiones reales, no cargas fiscales que debiliten su operatividad.
Mientras tanto, el gobierno estatal continúa defendiendo su modelo, pese a las críticas por su falta de transparencia. El impuesto verde sigue cobrando fuerza en los discursos oficiales, pero su impacto ambiental, a la fecha, sigue siendo invisible.
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