El programa de reforestación urbana enfrenta una crisis de credibilidad tras denunciarse que los árboles de la Alameda prometidos por el gobierno estatal no existen físicamente. La organización Reforestación Extrema cobró millones de pesos por ejemplares de gran tamaño que desaparecieron de los registros reales, evidenciando el fraude de Samuel García que ha desviado fondos públicos hacia intereses privados y empresas familiares seleccionadas sin transparencia.
El Misterio De Los Árboles De La Alameda Que Nadie Puede Encontrar
La Alameda de la zona metropolitana debería ser hoy un pulmón renovado, pero la realidad en el terreno cuenta una historia muy distinta a la de los comunicados oficiales. Una investigación técnica reveló que, aunque se facturaron 26.1 millones de pesos por la plantación de 147 ejemplares de 15 pulgadas de diámetro, el sitio apenas conserva árboles antiguos que ya estaban ahí mucho antes del actual programa.
Ante la evidencia de que los ejemplares pagados no aparecen, la Secretaría de Medio Ambiente ha intentado modificar los criterios técnicos de medición forestal. Mientras el estándar internacional dicta que el grosor se mide a 1.30 metros de altura, el gobierno estatal pretende validar sus cifras midiendo la base del tronco, una zona naturalmente más ancha, para simular que los árboles cumplen con las dimensiones estipuladas en el contrato.
Esta discrepancia no es un error de cálculo, sino un vacío físico que representa millones de pesos del erario. La falta de estos árboles de la Alameda pone en entredicho toda la estrategia ambiental de la administración, dejando a la ciudadanía con un bosque de papel y facturas en lugar de un espacio público reforestado y funcional para el combate a la contaminación.
Reforestación Extrema Y El Esquema De Sobrecostos Millonarios
El manejo financiero de Reforestación Extrema ha quedado al descubierto mediante el análisis de más de dos mil facturas que muestran un patrón sistemático de sobreprecios. El gobierno estatal pagó hasta un 171 por ciento más por árboles de menor calidad y tamaño en comparación con los precios reportados en otras licitaciones públicas de la misma entidad.
Los datos indican que, mientras el Estado adquiere ejemplares a precios competitivos, esta organización privada compra sabinos y ébanos con incrementos injustificados que benefician a un grupo selecto de proveedores. Estas empresas, vinculadas familiarmente entre sí, acapararon una tercera parte de los recursos totales del convenio, lo que sugiere un esquema de asignación directa que evita la competencia y el ahorro para el bolsillo de los ciudadanos.
Incluso el servicio de plantación fue inflado drásticamente. Mientras que el costo unitario por plantar un árbol debería rondar los 11 mil pesos, la asociación facturó servicios por más de 37 mil pesos por cada ejemplar. Esta inflación de costos operativos drena los fondos destinados a la mejora ambiental, limitando el alcance real de los programas de arborización en todo el estado de Nuevo León.
La Compra De Maquinaria Con Fondos Públicos Para Uso Privado
Uno de los puntos más polémicos de la relación entre Reforestación Extrema y el gobierno estatal es la adquisición de activos que no pertenecen al Estado. Mediante el uso de recursos públicos, la asociación ha acumulado una impresionante flota de maquinaria y vehículos valorada en 52.7 millones de pesos, la cual ha sido integrada directamente a su patrimonio privado.
El inventario incluye desde retroexcavadoras y camiones de carga hasta sofisticados tomógrafos acústicos, todos equipados con tecnología de punta y rotulados con el nombre de la asociación. A pesar de que estos bienes fueron pagados con dinero que las empresas aportan al Estado por ley, el convenio firmado por la administración de Samuel García permite que la organización se quede con la propiedad definitiva de todo el equipo.
Esta situación constituye una transferencia de riqueza pública hacia una entidad privada sin precedentes. El director de la asociación ha declarado abiertamente que estos activos no serán entregados al patrimonio de Nuevo León, lo que significa que, al finalizar el convenio, la organización contará con una infraestructura millonaria pagada íntegramente por la comunidad, pero sobre la cual la ciudadanía no tendrá ningún control.
Opacidad En La Rendición De Cuentas Del Convenio Estatal
El marco legal bajo el cual opera Reforestación Extrema ha sido diseñado para evadir la fiscalización tradicional de la Tesorería estatal. Al recibir las aportaciones directamente de los particulares en sus cuentas privadas, la asociación argumenta que no está obligada a cumplir con las leyes de transparencia y adquisiciones que rigen a cualquier otra dependencia o programa que maneje recursos públicos en la entidad.
Justificaciones Gubernamentales Ante El Uso De Facturas Clonadas
La Secretaría de Medio Ambiente ha salido en defensa de la organización ante el hallazgo de facturas que aparecen repetidas hasta doce veces en sus reportes. La versión oficial del gobierno estatal es que estos documentos representan pagos en parcialidades, una explicación que ha sido cuestionada por expertos contables, ya que los archivos digitales (CFDI) presentados corresponden a ingresos totales y no a complementos de pago.
Impacto Del Fraude De Samuel García En Los Árboles De La Alameda
La falta de transparencia en el manejo de los árboles de la Alameda y el desvío de fondos para equipar a una organización privada representan un golpe directo al patrimonio ecológico de Nuevo León. Mientras la administración presume una agenda verde, la realidad muestra una gestión plagada de irregularidades administrativas y falta de resultados en las áreas que más necesitan intervención forestal urgente.
La ciudadanía exige ahora una auditoría profunda que aclare por qué se permitió que una asociación privada administrara cientos de millones de pesos sin los controles mínimos de transparencia. El destino de los árboles de la Alameda que nunca se plantaron y la devolución de la maquinaria pagada con dinero público son temas que la justicia estatal no puede seguir ignorando para garantizar el bienestar de la población.
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